Nuevas disposiciones para Personas Jurídicas Panameñas

Ley 52 del 27 de octubre de 2016

Nuevas disposiciones para Personas Jurídicas Panameñas

En días recientes fue aprobada la Ley N°52 de 27 de octubre de 2016, que entrará en vigencia a partir del primero (1) de enero de 2017 y que establece disposiciones y obligaciones relativas a las sociedades y fundaciones de interés privado, en tres aspectos puntuales:

  1. La obligatoriedad de las personas jurídicas(sociedades mercantiles y fundaciones de interés privado) offshorede llevar registros contables y sus correspondientes documentos de respaldo;
  2. La suspensión de los derechos corporativosde las personas jurídicas que no cumplan con determinadas obligaciones; y
  3. Modificaciones a la Ley N°47 de 6 de agosto de 2013 que estableció el régimen de inmovilización de certificados de acciones emitidos al portador.

Obligación de llevar Registros Contables-Personas Jurídicas Offshore

Se establece la obligación a las personas jurídicas offshore (sociedades mercantiles y fundaciones de interés privado cuyas operaciones se perfeccionen, consuman o surtan efectos fuera de la República de Panamá), llevar registros contables y sus correspondientes documentos de respaldo.

Los registros contables y sus documentos de respaldo pueden mantenerse tanto en las oficinas del Agente Residente ubicadas en Panamá, como fuera del territorio panameño. De mantenerse fuera de las oficinas del Agente Residente, se deberá proporcionar a éste por escrito: (i) la dirección física donde se encuentren los registros contables y documentación de respaldo; y (ii) la persona que mantendrá bajo su custodia dicha información

Los registros contables y su correspondiente documentación de respaldo deben estar disponibles por un período mínimo de cinco (5) años, contados a partir del último día del año calendario dentro del cual las transacciones contempladas en dichos registros fueron realizadas, o del último día del año calendario en el cual la persona jurídica cese sus operaciones.

Los registros contables y su correspondiente documentación de respaldo se mantendrán de forma confidencial, pero debe estar a la disposición, de ser requerida por una autoridad competente (entendiéndose como tal, la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas), caso en el que deberán presentarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. De no presentarlos en ese término, de conformidad con lo establecido en la Ley, el Agente Residente estaría obligado a inscribir su renuncia en el Registro Público, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del periodo antes mencionado, al mismo tiempo en que la persona jurídica estaría sometida a posibles multas y sanciones.


Suspensión de los Derechos Corporativos de las Personas Jurídicas

La Ley N° 52 establece como sanción la suspensión de los derechos corporativos de las sociedades mercantiles y fundaciones de interés privado, en los siguientes casos:

  • La persona jurídica que permanezca sin nombrar un agente residente por un período mayor de 90 días
  • Falta de pago de la tasa única anual en el período en que se cause
  • Pago tardío de la tasa única por tres períodos consecutivos
  • Mora en el pago de multa o sanción impuesta y ejecutoriada, previa orden de autoridad competente

Suspendidos sus derechos corporativos, la persona jurídica no podrá realizar inscripciones, ni se le expedirán certificados por parte del Registro Público.

Se establece un plazo máximo de dos (2) años para solicitar su re-activación, de lo contrario se procede de forma automática y definitiva con la disolución de la misma.


Cambios a la Ley N° 47 sobre el 

Régimen de Inmovilización de Certificados de Acciones Emitidos al Portador

Esta Ley también modifica un artículo de la Ley N° 47 de 6 de agosto de 2013 que estableció el régimen de inmovilización de certificados de acciones emitidos al portador, estableciendo expresamente que cuando el titular de certificados al portador no los haya entregado en custodia, se entienden cancelados todos los derechos políticos y económicos sobre esas acciones.


Es importante recalcar que estos nuevos requerimientos no alteran de ninguna manera la forma operativa e impositiva que ha caracterizado a las personas jurídicas panameñas, las cuales mantendrán su esencia y naturaleza luego de entrada en vigencia de la presente ley.

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