La Ley 513 del 20 de marzo de 2026, que crea el Programa de Pasantías en Panamá (Ley de Pasantías), fue aprobada con el propósito de facilitar el acceso de jóvenes al mercado laboral. La norma parte del reconocimiento de las dificultades que enfrentan muchos jóvenes para insertarse laboralmente por falta de experiencia previa, y busca crear un esquema que les permita adquirir conocimientos prácticos y mejorar sus oportunidades de empleo futuro.
La Ley de Pasantías establece que el programa es de carácter voluntario para las empresas y entidades no lucrativas. También fija límites sobre la duración de las pasantías y la cantidad de pasantes que pueden participar, según el tamaño de la empresa o entidad, y dispone que no podrá utilizarse para reemplazar puestos de trabajo formal. Además, señala que la pasantía no da lugar a una relación laboral formal y contempla un “subsidio” fijo a favor del pasante, el cual no se considerará salario.
Por otro lado, contempla la obligación de la empresa o entidad de contar con una póliza de seguro que ofrezca cobertura de riesgos profesionales a los pasantes.
Finalmente, dispone que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) será la entidad encargada de implementar, ejecutar y supervisar el programa de pasantías, incluyendo la elaboración de los acuerdos correspondientes, el mantenimiento de registros, el seguimiento de las pasantías y la atención de denuncias.
No obstante, esta norma actualmente es objeto de una demanda de inconstitucionalidad. Parte de los cuestionamientos planteados en dicha demanda es que la Ley de Pasantías vulnera los derechos de los trabajadores y las obligaciones laborales y de seguridad social, ya que se pretende eludir las obligaciones del empleador pese a que existen elementos que permitirían deducir la existencia de una relación laboral. La decisión que adopte la Corte Suprema de Justicia será determinante para definir el alcance, la vigencia y la aplicación práctica de esta ley.
En definitiva, el impacto futuro del programa dependerá tanto de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia como de la forma en que la norma sea regulada y aplicada en la práctica.
