En el desarrollo histórico de las relaciones comerciales en Panamá, la forma en que los precios son presentados al consumidor ha constituido durante años una práctica que genera múltiples debates en torno a la transparencia comercial y la protección de los derechos del consumidor. Tradicionalmente numerosos establecimientos comerciales exhiben únicamente el precio base de los productos o servicios, incorporando posteriormente el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Muebles Corporales y la Prestación de Servicios (ITBMS) al momento de efectuar el pago. Como consecuencia, el consumidor no siempre cuenta con conocimiento inmediato del costo final de la transacción, situación que provoca diferencias entre el precio anunciado y el monto efectivamente cobrado.
Con el paso del tiempo, esta práctica comenzó a ser objeto de mayores cuestionamientos tanto desde la perspectiva de protección al consumidor como desde el ámbito tributario, especialmente por la necesidad de fortalecer la transparencia económica dentro del mercado panameño. Ante esta realidad surge la Ley 473 de 2025, una normativa que representa un cambio significativo en la forma de presentación de los precios dentro del mercado nacional. La ley modifica disposiciones de la Ley 45 de 2007 y establece la obligación de que todos los comercios exhiban el precio final completo de los productos y servicios, incluyendo impuestos, tasas y demás cargos aplicables. Por consecuente, el consumidor podrá conocer desde el inicio el monto exacto que deberá efectuar, fortaleciendo así los principios de transparencia, buena fe y seguridad jurídica en las relaciones comerciales.
Aunque la finalidad principal de la norma se encuentra vinculada a la protección del consumidor, sus efectos también poseen una importante dimensión tributaria. La ley exige que el precio anunciado refleje el monto final que deberá pagar el consumidor, incluyendo los impuestos y demás cargos aplicables, lo que fortalece la claridad en las relaciones comerciales y permite una mayor visibilidad de la carga tributaria trasladada al consumidor.
Si bien la normativa no modifica la estructura técnica del ITBMS ni las obligaciones sustanciales de los contribuyentes, sí transforma la manera en que el impuesto es presentado al público. Esta medida guarda relación con las políticas de transparencia y fortalecimiento del cumplimiento tributario impulsadas en los últimos meses por la Dirección General de Ingresos, ya que facilita las labores de fiscalización y permite una mayor coherencia entre el precio ofertado, el monto facturado y la base imponible declarada por los contribuyentes. En consecuencia, la ley también puede entenderse como un mecanismo orientado a reforzar la transparencia económica y el control fiscal dentro del mercado panameño.
Del mismo modo, la normativa incorpora medidas específicas de protección al consumidor, estableciendo que, en caso de existir discrepancia entre dos precios exhibidos para un mismo producto o servicio, el comercio estará obligado a respetar el precio más bajo mostrado. Del mismo modo, contempla un régimen sancionatorio aplicable a quienes incumplan sus disposiciones, con sanciones que pueden ir desde amonestaciones hasta multas de B/. 25,000.00, dependiendo de factores como la actividad comercial, el tamaño del negocio y la reincidencia.
Actualmente, la entrada en vigor de esta Ley se encuentra en discusión debido a la presentación del Proyecto de Ley No. 558 ante la Asamblea Nacional, el cual propone prorrogar su aplicación hasta el 1 de julio de 2027. No obstante, dicho proyecto aún no ha sido sancionado por el Presidente de la República, por lo que, hasta la fecha, la entrada en vigor de la Ley continúa prevista para el 19 de junio de 2026.
De mantenerse la fecha actualmente establecida, la implementación de esta normativa implicará importantes ajustes operativos para los agentes económicos, particularmente para comercios minoristas, restaurantes, plataformas digitales y empresas de servicios, quienes deberán adecuar sus sistemas de facturación, modificar su publicidad y actualizar sus mecanismos de exhibición de precios a fin de cumplir con las nuevas exigencias legales. Esto marcará una nueva etapa en la evolución del comercio y el fortalecimiento de la transparencia económica en Panamá.
La transición hacia un sistema de exhibición de precios finales representa no solo una medida de protección al consumidor, sino también un avance en materia de transparencia tributaria, fortalecimiento institucional y seguridad jurídica dentro de las relaciones comerciales del país.
