En días recientes, la Asamblea Nacional de la República de Panamá adoptó la Ley 129 del 17 de marzo de 2020 (la “Ley 129”), que crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas (en adelante el “Registro Único de Beneficiarios Finales”).

Conforme la Ley 129, los agentes residentes de personas jurídicas panameñas deberán afiliarse al Registro Único de Beneficiarios Finales e incluir cierta información referente a los beneficiarios finales de dichas personas jurídicas, incluyendo su identidad y dirección física.

La información almacenada en el Registro Único de Beneficiarios Finales no será de acceso público. Por el contrario, dicha información será estrictamente confidencial y solo podrá ser divulgada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros a (i) una autoridad competente panameña que esté llevando a cabo una investigación respecto a delitos de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, o (ii) cuando sea requerido para el cumplimiento de obligaciones de cooperación internacional establecidas en los tratados o convenios ratificados por la República de Panamá.

Para personas jurídicas existentes, los clientes y agentes residentes tendrán un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha en que la Superintendencia de Sujetos No Financieros emita una notificación indicando que está disponible el Registro Único de Beneficiarios Finales, para completar la información requerida.

Por otra parte, al incorporar una nueva persona jurídica, los agentes residentes tendrán un término máximo de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de constitución de la persona jurídica para proporcionar la información requerida ante el Registro Único de Beneficiarios Finales, la cual debe ser recabada por el agente residente como parte del proceso de constitución.

En caso de que usted tenga alguna duda o inquietud con respecto a la Ley 129, por favor no dude en contactarnos.